En la última década, el Estado de Chile dio inicio a un proceso de cambio de importantes políticas públicas destinadas a la modernización y adecuación del sistema judicial a los principios de un Estado de Derecho. En esta perspectiva, estas políticas públicas tienen como objetivo incorporar los derechos humanos y los estándares internacionales sobre esta materia a los sistemas de administración de justicia, así como adecuarlos al desarrollo social, económico, político y cultural experimentado por la sociedad chilena en las últimas décadas. Actualmente la sociedad chilena requiere de una justicia que resuelva en forma eficiente, transparente, imparcial, accesible y con respeto a los derechos fundamentales los conflictos sociales. En este marco, la Reforma Procesal Penal, que inició su proceso de implementación gradual el 16 de diciembre de 2000 y lo culmina hoy, con la aplicación en la Región Metropolitana, tiene por objeto concretar dichos ideales, a saber, aplicar de la forma más eficiente el poder punitivo del Estado, asegurando a su vez, las garantías necesarias para que como individuos podamos protegernos frente al ejercicio de este poder. Esta región cuenta con 77 jueces de garantía y 8 jueces del Tribunal Oral en lo Penal, cifra que representa sólo una parte de los magistrados que contempla el nuevo sistema en la región, debido a que se irá sumando el nombramiento de nuevos jueces de manera gradual y conforme a las solicitudes del Poder Judicial, hasta completar la totalidad de 185 jueces de garantía y 186 jueces orales. Estos magistrados se desempeñarán -en principio- en un edificio de Juzgados de Garantía del Centro de Justicia de Santiago, donde operarán 10 juzgados de garantía de la RM, más dos salas de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. También se habilitar