Durante el mandato del Presidente Ricardo Lagos, la política de participación ciudadana ha perseguido los objetivos de confianza social, corresponsabilidad ciudadana, participación ciudadana en políticas públicas y el fortalecimiento de la sociedad civil, entre otras tantas formas. La Política de Participación Ciudadana adquiere sentido al interior de un esfuerzo mayor del gobierno, cuyo principal objetivo es lograr una relación de nuevo tipo entre Estado y Sociedad Civil. Los componentes programáticos específicos de la política se corresponden con los conceptos que se busca difundir y comunicar. Entre éstos, se buscó promover la confianza interpersonal a través de un conjunto de acciones de capacitación, asistencia técnica y financiamiento, dirigidas al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como con el desarrollo de iniciativas en el campo legislativo, orientadas a dotarlas de marcos regulatorios y de financiamiento sostenibles. Se buscó reforzar la confianza en las instituciones a través de la inclusión de la participación ciudadana como criterio de gestión de las políticas públicas y con el desarrollo de planes regionales dirigidos a animar la participación de las personas en los asuntos públicos. Finalmente, para fortalecer la cooperación ciudadana como expresión del fortalecimiento de la confianza entre las personas, se promovió el voluntariado en Chile, así como otras iniciativas para impulsar la tolerancia y la no-discriminación. Desde esta perspectiva, vincular el impulso de procesos participativos con la confianza y la cooperación ciudadana, permitiría avanzar en la agenda del cambio cultural que asume como referentes las ideas propuestas por el Presidente Lagos con relación al Chile del Bicentenario. En síntesis, la participación ciudadana es un recurso colectivo para recrear la democracia, que no debe ser desaprovechado por la sociedad civil y que debe ser incorporado por el sector público como criterio para evaluar la gestión eficiente. La participación de los ciudadanos es un aspecto sin el cual el estado no puede asumir a cabalidad los cambios del mundo contemporáneo. La política de participación ciudadana, al promover la confianza y cooperación ciudadana, termina relevando un concepto más inclusivo y transversal: el de corresponsabilidad ciudadana. Esto supone que la participación es concebida como un recurso que tiende a fortalecer y renovar el vínculo social a través del ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos, que permiten caracterizar roles y desempeños diferenciados entre Estado y sociedad civil en la gestión de los asuntos públicos. Por lo pronto, el Instructivo Presidencial es la mejor muestra de la disposición gubernamental de avanzar en la línea de fortalecer mecanismos de corresponsabilidad con la sociedad civil, aún cuando sea un consenso extendido que ésta muestra importantes déficit para asumir su lugar en la relación que se propone