El Poder Ejecutivo es ejercido en Chile por el Presidente de la República, institución introducida en nuestro orden republicano por el Congreso Constituyente de 1826 al determinar que, en adelante, la jefatura suprema del Estado residiría en el Presidente de la República y que sus atribuciones serían las que correspondían al Poder Ejecutivo de acuerdo a las leyes preexistentes y a las que posteriormente acordase la legislatura. Así fue como en votación secreta realizada el 8 de julio de 1826, se eligió al General Manuel Blanco Encalada como el primer Presidente de la República de Chile, quién, al día siguiente, tomó el mando de la nación en calidad de interino y previo juramento solemne prestado ante el pleno del Congreso Nacional.
Con anterioridad, la autoridad máxima del Estado estuvo radicada en la figura del Director Supremo, título que designó el cargo ejecutivo unipersonal desempeñado por Bernardo O'Higgins (1817-1823) y Ramón Freire (1823-1826), y que reemplazó a las Juntas de Gobierno como organismos colegiados cabeza del poder ejecutivo.
A partir de la promulgación de la Constitución de 1833, el Presidente se afianza como el centro de gravedad de la acción gubernativa, la que es realizada en su nombre y por ministros o funcionarios de su dependencia, detentando además, un poder electoral que, bajo diversas formas, se perpetuó hasta la guerra civil de 1891.
Si durante el siglo XIX le cupo un papel central en la consolidación del Estado Nacional, y no obstante las orientaciones parlamentaristas de los grupos políticos que predominaron entre 1891 y la década de 1920, los ordenamientos constitucionales posteriores han ratificado su preeminencia institucional respecto de los poderes Legislativo y Judicial, al establecer que le corresponden el gobierno y la administración superior del Estado, extendiéndose su autoridad, a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
En la actualidad, sus principales atribuciones son, entre otras, concurrir a la formación, sanción y promulgación de las leyes, dictando los reglamentos, decretos e instrucciones que crea conveniente para su ejecución; convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias; declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en la Constitución; nombrar y remover a su voluntad a Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Embajadores, Ministros Diplomáticos, representantes ante organismos internacionales, y en general, a todos aquellos funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza; designar, con acuerdo del Senado, al Contralor General de la República, magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir y al Fiscal Nacional, entre otras autoridades; conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia; cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión; mantener las relaciones políticas con países extranjeros y declarar la guerra con autorización legal.
Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena, una edad mínima de treinta y cinco años, y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. A partir de la Constitución Política del 2005, el Presidente de la República es elegido por un período de cuatro años en votación directa y por mayoría absoluta de todos los sufragios válidamente emitidos, y no puede ser reelegido para el período siguiente.
Gobierno de Ricardo Lagos Escobar
El 11 de marzo de 2000, Ricardo Lagos Escobar, candidato de la coalición de partidos de centro - izquierda Concertación Democrática, se convierte en el trigésimo sexto Presidente de la República de Chile, por un período de seis años y después de imponerse, en segunda vuelta electoral el 20 de enero del 2000, al postulante de la derecha Joaquín Lavín, con el 51,31 por ciento de la votación.