La Política Minera del Bicentenario es un instrumento orientador para los futuros responsables de adoptar decisiones relativas a los recursos minerales, y es el resultado del trabajo de un equipo interdisciplinario de profesionales de Gobierno vinculados a la minería. Asimismo, recoge los principales resultados de un amplio proceso de debate realizado durante el periodo del Presidente Ricardo Lagos, incluyendo los lineamientos emanados del Informe de la Comisión Especial del Senado encargada del Estudio de la Tributación Minera y las prioridades definidas por el Ministerio de Minería. Su principal misión es "promover una industria minera competitiva y comprometida con el desarrollo sustentable, que sea capaz de insertarse con éxito en los mercados mundiales a través de alianzas estratégicas orientadas a promocionar nuevos usos y productos con mayor valor agregado y que garantice una adecuada contribución al desarrollo económico y social del país". ANTECEDENTES SOBRE EL ROYALTY MINERO La aprobación del Impuesto Específico a la Actividad Minera y la consecuente creación del Fondo Nacional de Innovación y Competitividad representa un impulso extraordinario hacia el desarrollo de Chile. La aplicación de este impuesto permitirá al país recuperar económicamente parte de los recursos no renovables que entrega gratuitamente, para destinarlos a crear mejores condiciones para las futuras generaciones. Es un tipo de desarrollo que beneficiará a todos los chilenos y chilenas. No avanzamos como país si la actividad minera no potencia la creación de encadenamientos productivos, la innovación tecnológica y la formación de capital humano como riquezas permanentes para cuando se agoten los recursos naturales. Países como Dinamarca, Finlandia y Noruega, gracias a sus recursos naturales, lograron crear condiciones para transitar desde la dependencia de sus commodities hacia el desarrollo del conocimiento y de las tecnologías de punta Posibilidades únicas como ésas se presentan pocas veces. La generación presente ha legitimado el derecho del Estado de percibir una renta justa por la explotación de los recursos naturales de la minería. La sociedad chilena así lo desea. Para las empresas mineras, es la gran oportunidad de demostrar su compromiso con una comunidad que las acoge, más allá de sus intereses personales